El precio de Bitcoin ha caído casi un 60% desde que empezó el año y, con él, las finanzas de El Salvador se han resentido, y su capacidad para refinanciar su deuda puede haberse visto perjudicada por las opiniones del presidente sobre el mercado de las criptomonedas.
Hace sólo unos días, el presidente Nayib Bukele tuiteó que el país había comprado 80 tokens BTC más a 19.000 dólares por moneda y continuó asegurando a sus electores que “Bitcoin es el futuro”.
Los datos recopilados por CoinDesk utilizando los tuits de Bukele en los que anuncia nuevas compras periódicamente indican que el país ha adquirido un total de 2.301 tokens por valor de unos 45,7 millones de dólares en el momento de escribir esto.
Esto supone una pérdida acumulada de más de 100 millones de dólares, según los mismos datos, y pone de relieve lo mal que le ha ido a Bukele en su apuesta.
Dicho esto, aunque esas pérdidas puedan parecer bastante elevadas a primera vista, el Ministro de Hacienda del país, Alejandro Zelaya, ha dicho que el riesgo fiscal resultante de esa apuesta fallida es “mínimo”, ya que representa menos del 0,5% del presupuesto nacional.
La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.
La refinanciación sigue siendo la cuestión más relevante para El Salvador, no las pérdidas de BTC
Sin embargo, las pérdidas no son, o no deberían ser, la única preocupación relacionada con las criptoinversiones del país, ya que su capacidad para refinanciar sus compromisos de deuda a corto plazo se ve amenazada por la forma en que los funcionarios del gobierno han manejado el tema del BTC.
El 9 de febrero de este año, Fitch Ratings rebajó la calificación de la deuda soberana de El Salvador de B- a CCC. Según las definiciones de la empresa calificadora, esto indica que “el impago es una posibilidad real”.
Los analistas de Fitch destacaron varios puntos débiles en las finanzas de la empresa, entre ellos el próximo vencimiento de un eurobono de 800 millones de dólares en 2023, además de una creciente relación entre la deuda y el PIB, que se espera que termine el año 2022 en el 86,9%, y un elevado déficit fiscal que actualmente representa el 5,5% del PIB del país.
“El gobierno sólo se enfrenta a 305 millones de dólares en amortizaciones de deuda externa en 2022, pero se enfrenta a cerca de 1.200 millones de dólares en 2023”, afirma el informe de Fitch.
Los analistas añadieron: “Fitch estimó una brecha de financiación de 1.200 millones de dólares en 2022, asumiendo la renovación de la deuda a corto plazo y casi 1.000 millones de dólares que el gobierno ha identificado en desembolsos multilaterales y emisiones de deuda relacionadas con las pensiones. El déficit aumenta a 2.500 millones de dólares en 2023”.
Además, el entorno macroeconómico se ha deteriorado en forma de tipos de interés más altos impulsados por los principales bancos centrales para evitar que la inflación se descontrole en sus respectivos países.
Ya en febrero, Fitch afirmó que los tipos que El Salvador podría asegurar en el mercado de bonos eran bastante “restrictivos”, en torno al 15%. Ahora mismo, esos tipos pueden haber subido aún más y eso está complicando el panorama del país a corto plazo.
Aquí es donde entra en juego la situación de Bitcoin (BTC), ya que El Salvador podría recurrir a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir la financiación necesaria.
Sin embargo, el manejo discrecional de las finanzas del país por parte de Bukele se percibe como imprudente y puede haber asustado tanto a los inversores como a los posibles financiadores. Es importante señalar que el Presidente ha dicho en ocasiones anteriores que invierte en BTC en nombre del país desde su teléfono inteligente, mientras que existe una profunda falta de transparencia respecto a estas transacciones.
Aparte de sus tuits periódicos, se sabe poco sobre cómo se almacenan los tokens, si realizan staking o no, y qué bróker se utiliza para realizar las compras.
El BTC de curso legal complica el panorama para El Salvador y Bukele
En septiembre de 2021, El Salvador declaró que Bitcoin era de curso legal en el país. Sólo unos meses después, el FMI animó al país a dar marcha atrás en esta decisión y subrayó que dificultaría que la nación obtuviera un préstamo de la institución multilateral.
Además, el Banco Mundial también se negó a ayudar al país en el proceso de adopción del BTC como moneda de curso legal debido a “deficiencias medioambientales y de transparencia”.
Parece que el apoyo al BTC puede haber cerrado varias puertas al país y eso ha aumentado su riesgo de incumplimiento de sus próximos compromisos financieros.
Continúan las negociaciones para conseguir al menos 1.000 millones de dólares del FMI a corto plazo. Sin embargo, el país no ha anunciado ningún avance en este frente concreto y, a medida que pasa el tiempo, la ventana se va estrechando, ya que está previsto el vencimiento de varios bonos denominados en dólares y euros.
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