El rumor ha terminado por confirmarse. El Consejo de Ministros celebrado en el día de ayer dio el visto bueno a la entrada del gobierno en el accionariado de la principal empresa de Telecomunicaciones de España. Un movimiento por el cual se pretende adquirir el 10% de las acciones Telefónica y un intento por asegurarse el control de la misma, con la amenaza del fondo estatal saudí STC.
Este movimiento supone el regreso del Estado como accionista mayoritario de Telefónica, situación que no se daba desde la privatización que terminó de completarse en 1997. El coste total de la operación asciende a no menos de 2.000 millones de euros, que supone el 10% de la capitalización bursátil al cierre de ayer.
Lejos de parecer un movimiento extraño, los analistas han querido darle un sesgo de absoluta normalidad. La evolución tecnológica ha hecho que pasemos a ver a las telecos con un alcance mucho más holístico, incluyendo por ejemplo todo el despliegue del 5G que está por venir.
Además, Telefónica cuenta con un papel relevante en lo que respecta a la ciberseguridad del país. También es uno de los principales contratistas para clientes tan importantes como el Ministerio de Defensa.
¿Qué efecto puede tener este movimiento de cara a los inversores?
Es evidente que una entrada de semejante tamaño provocará movimientos alcistas en las acciones de Telefónica. Para evitar al máximo las distorsiones de mercado que ello suponga, lo que suele hacerse es un paquete de compras pequeñas y programadas. De esta forma, en lugar de ver una subida drástica en una única sesión, iremos viendo un goteo de flujos alcistas.
Al fin y al cabo, algo similar es lo que hizo la firma saudí STC cuando entró en la empresa. En su caso, programó una serie de pequeñas compras extendidas a lo largo de varios meses y en paralelo adquirió derivados convertibles en manos de Morgan Stanley. Con ello, la empresa árabe llegaba a tener hasta el 9,9% del capital, siendo un 4,9% títulos que ya tiene en cartera y el otro 5% los citados derivados de Morgan Stanley.
Las otras empresas participadas por el gobierno español
A través de la SEPI, el gobierno de España posee participación directa en 26 empresas de distinto ámbito, como pueden ser Tragsa, Correos o Navantia. Entre las cotizadas destacamos por ejemplo las siguientes:
- Airbus, donde el Estado mantiene un 4,12% del capital
- Enagás, empresa de la cual se controla el 5% del capital
- Redeia, la antigua Red Eléctrica, donde el gobierno español cuenta con el 20% del accionariado
- IAG, de donde forma parte Iberia, con una presencia del 2,52%
- Indra, la tecnológica en donde la presencia del gobierno suma el 27,99%
Una práctica bastante habitual
La participación de un Estado en una compañía estratégica no es algo nuevo. Las empresas de telecomunicaciones han sido, desde sus orígenes, un valor blindado por los diferentes gobiernos. De hecho, aún es posible encontrar títulos físicos de la Compañía Telefónica de España (es decir, lo que ahora es Telefónica) en donde explícitamente se advierte de la prohibición de venta a inversores extranjeros.
En Alemania, país que tiene el 30, 46% de Deutsche Telekom AG. Dicha participación estaría articulada a través de dos vías: por la compra directa del Estado y por la participación de un banco de inversión público similar a la SEPI española.
También podemos ver algo similar en el caso de Francia. Nuestro vecino del norte cuenta con una participación del 13,39% en el capital de Orange, convirtiéndose igualmente en su mayor accionista con más de 356 millones de títulos.
Cerraremos nuestra lista de ejemplos mencionando a Italia. En su caso, el gobierno posee una participación directa del 9,81% a través de la empresa pública Cassa Depositie Prestiti SPA. Cabe señalar que, aunque a simple vista se trata de la menor proporción dentro de los ejemplos mentados, en agosto se anunció la intención de incrementar paulatinamente su presencia hasta el 20%.
El argumento es el mismo que vemos en el resto de casos: se trata de un nicho estratégico que no puede estar en manos de terceros países o intereses.